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Algo bueno tiene la dimisión de Juan Ramón Lazcano como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ha logrado sacarnos por unas horas del monotema del coronavirus y recordarnos que la vida política sigue latiendo en medio del confinamiento generalizado, con todo su repertorio de intrigas, desencuentros, maniobras (exitosas o no) y desenlaces impredecibles, todos ellos, que no se nos olvide, impecablemente democráticos. Estas son algunas claves sobre cómo están las cosas en el consistorio de la cocapital de Canarias.
Los arquitectos no duran en Urbanismo. Por paradójico que parezca, la profesión de arquitecto parece incompatible con la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Juan Ramón Lazcano ha renunciado al cargo diez meses después de asumir el mismo, menos tiempo aún que uno de sus predecesores, su colega y coetáneo Carlos Garcinuño, que estuvo poco más de dos años, entre 2015 y 2017, antes de renunciar también al acta de concejal y en su caso dejar el PP, partido por el que se presentó en la cita electoral de hace cinco años. Lazcano y Garcinuño compartieron lista municipal en 2019, la de Ciudadanos, Lazcano como número dos (resultó elegido) y Garcinuño en el puesto cuatro. Parece que ninguno de los dos se ha adaptado al ecosistema político de la capital tinerfeña, y en ambos casos los argumentos apuntan al desencuentro entre los criterios técnicos y las prioridades políticas del momento. Es cierto, pero solo en parte. Ambos ya ex ediles tropezaron con expedientes relacionados con la playa de las Teresitas, auténtico súcubo de la política chicharrera en las últimas décadas, y lo que queda. Garcinuño se puso el primero de la fila en el esfuerzo inútil por impedir la demolición del llamado Mamotreto; Lazcano siguió adelante, en este caso parecía que con éxito, en la tramitación del Plan Especial de la playa, en medio de posiciones irreconciliables entre los grupos políticos de la mayoría gobernante, partidos de la oposición, colectivos vecinales, entidades sociales, sectores profesionales, etcétera. En Las Teresitas habrá que practicar, además de las reformas urbanísticas y de infraestructuras necesarias para el disfrute de la playa por los ciudadanos de la capital, algún tipo de exorcismo político capaz de contener el carácter destructivo de los expedientes que afectan a la misma. Eso y recuperar los millones de euros malversados en su momento, que es la prioridad absoluta.
Las razones de Lazcano. Desde Santander, donde le pilló el estado de alarma sin posibilidad de retorno, y donde tiene casa, familia y vínculos profesionales, Juan Ramón Lazcano hizo saber su renuncia a través de un escrito presentado en la Delegación del Gobierno en Cantabria, al que añadió un escueto comunicado en el que: a) expresaba decepción con su breve experiencia como cargo público; b) lamentaba la conflictividad que según él ha condicionado la vida en el Ayuntamiento. El comunicado del ya ex concejal termina con una sentencia un tanto críptica. “En ocasiones, en la política se toman decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos”. ¿A qué se refiere? ¿A quién se dirige? Seguramente todos pueden darse por aludidos, mayoría gobernante y oposición, si bien la alcaldesa no puede obviar la lectura que encierra este mensaje, y que se dirige sobre todo a ella por la sencilla razón de que lo es. ¿Qué asuntos de la actualidad santacrucera han visto condicionado el interés ciudadano por la imposición de prioridades de orden político? Eso Lazcano no lo explica ni nadie del pleno santacrucero va a ejercer de intérprete en la actual tesitura. Sí se puede asegurar que a Juan Ramón Lazcano no le gustó nada la evolución del trámite del Plan Especial de las Teresitas, que él defendió como responsable de Urbanismo por la sencilla razón de que aprovechar el documento existente (el que contempla un hotel y un aparcamiento en la misma parcela del ya demolido Mamometro, aunque esta vez sería legal) era la única manera de aprobarlo en un periodo de tiempo más o menos razonable. De hecho era la única herramienta de planeamiento urbanístico que tenía o tiene posibilidades de entrar en vigor a lo largo del presente mandato. A partir de ahora, ya se verá.
Las Teresitas, siempre el epicentro. Y sobre el Plan Especial eran conocidas las divergencias dentro y fuera de la Casa de los Dragos: CC y PP, a favor de seguir con un documento que promovieron ellos y redactaron técnicos de la empresa pública Gestur Tenerife; Podemos, claramente en contra por su oposición conocida a la parcela hotelera, y el PSOE, intentando un consenso quizá imposible que aprovechara partes del documento pero postergando las decisiones más polémicas, con la espada de la asociación Justicia y Sociedad, minoritaria pero ruidosa, autoerigida en vigilante de la limpieza de las decisiones sobre el suelo de la playa. Por cierto, en el Plan Especial de las Teresitas no hay sombra alguna de corrupción, en todo caso discrepancia sobre la idoneidad en los aprovechamientos de algunos suelos (el referido hotel, sobre todo), porque sobre la necesidad de ordenar el ámbito para permitir las actuaciones en infraestructuras que la playa necesita no hay discusión alguna.
Una renuncia no esperada. Sea como fuere, el asunto de las Teresitas solo aceleró la reflexión interna de Juan Ramón Lazcano sobre su papel en el Ayuntamiento de Santa Cruz y su rol en la mayoría gobernante. El concejal, muy parco en sus declaraciones públicas, aislado en un ecosistema que le resultaba hostil y extraño, ha optado por quitarse de enmedio, una decisión que la alcaldesa de Santa Cruz ha admitido no conocer hasta que se produjo. Se ha buscado relación entre el movimiento de Lazcano y la figura de su padre, Antonio, veterano escudero de Manuel Hermoso durante sus seis años como presidente del Gobierno de Canarias (1993-1999). Esta tesis se enfrenta a un inconveniente importante, porque en medio de tantas presunciones hay un hecho que parece demostrado: que Antonio Lazcano ya era padre de Juan Ramón Lazcano el 15 de junio de 2019, cuando el recién designado concejal votó la elección de Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. El futuro profesional del ya ex concejal resulta incierto y es por encima de todo cuestión suya, aunque en función de los acontecimientos futuros será sin duda objeto de escrutinio público; el futuro político de Juan Ramón Lazcano es obviamente inexistente, porque ha salido muy escaldado con la experiencia. Y en cuanto al futuro de la corporación chicharrera, pues admite varias posibilidades que, como los diez mandamientos del catecismo, se resumen en dos: continuidad de Patricia Hernández en pacto con Ciudadanos y el apoyo externo de Podemos, como ha ocurrido hasta ahora, o moción de censura con José Manuel Bermúdez como aspirante a recuperar la alcaldía.
La reacción de la alcaldesa. Patricia Hernández reaccionó el pasado viernes con un rápido comunicado de impecable factura, resumible en varios puntos: a) agradecimiento al concejal dimitido por los servicios prestados; b) reivindicación del trabajado emprendido por su grupo de gobierno, y más en una situación tan excepcional, con España gobernada por el estado de alarma, la población confinada en sus casas y serios interrogantes sobre la factura económica y social de la pandemia de coronavirus; y c) sutil recordatorio de que el pacto de gobierno de Santa Cruz es ya un acuerdo entre partidos en el que participa Ciudadanos como organización, y no un par de concejales rebeldes que desoyeron las instrucciones de su partido y fueron expedientados por ello. La alcaldesa dice la verdad: se refiere al comunidado de la formación naranja fechado el 29 de enero pasado, en el que se da oficialidad a la reincorporación de Juan Ramón Lazcano a las filas de Cs y se manifiesta la voluntad de mantener el actual acuerdo de gobierno, por considerarlo, dijo el partido ahora liderado por Inés Arrimadas, “útil para los ciudadanos de Santa Cruz”. Precisamente por eso, resulta sorprendente la aseveración posterior de Hernández, en entrevista para Diario de Avisos, en la que preguntada por la hipótesis de una moción de censura alude a la misma como un movimiento “grotesco e infame” al que, precisamente por citarlo, otorga carta de naturaleza, cuando hasta ahora nadie de la oposición ha dicho una sola palabra. Una de dos: o la alcaldesa no se fía de Ciudadanos, su actual socio político después de tantas vicisitudes, o no se fía de la que será más temprano que tarde concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz con un papel decisivo en la configuración de mayorías, Evelyn Alonso. Ojo con ciertos comentarios: nunca se puede desdeñar en política el poder destructivo de la profecía autocumplida.
¿Qué hará Ciudadanos? Es la gran pregunta ahora mismo. La dirección del partido naranja, si es que se la puede denominar así después de tantos cambios, renuncias y zancadillas internas, ha hecho dos cosas en estos diez meses de mandato. La primera, condenar la indisciplina de Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano que hizo posible la investidura de Patricia Hernández, por considerarla incompatible con su estrategia a escala estatal, que prima los acuerdos con el PP y prohíbe todo entendimiento con Podemos. Estas leyes naranjas, que se sepa, siguen vigentes y no han sido corregidas. La segunda, validar el acuerdo a través del comentario añadido en el momento de readmitir a Lazcano (no a Zambudio, ya es curioso esto) y dejar el asunto en unas disculpas por la indisciplina finalmente aceptadas por la organización. ¿Qué hará ahora Cs? Una de las pocas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo en el Ayuntamiento de Santa Cruz es que las reacciones del partido centrista, liderado por una Inés Arrimadas que tras ofrecer poco menos que la fusión con el PP ahora se presenta como posible salvadidas para Pedro Sánchez, son del todo punto imprevisibles. Quizá lo único claro, vistos también los precedentes, es que la decisión se tomará en Madrid y por tanto en la misma pueden interferir movimientos a escala estatal. Todo el mundo habla con todo el mundo estos días de confinamiento, aunque sea por Skype. El PSOE mueve sus hilos y también lo hacen CC y PP, dos que tienen bastante claro su entendimiento si los números (o sea, Ciudadanos) hacen posible una moción de censura, que sería presentada ahora o dentro de unos pocos meses. Otras hipótesis, como un posible gobierno de concentración del que saliera una mayoría sólida para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, no ha sido considerada. Nadie le ha prestado atención.
La decisión de Evelyn. Tercera en la lista de Ciudadanos en los comicios locales del pasado mayo, Evelyn Alonso será más temprano que tarde concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, responsabilidad que ya ocupó en el mandato pasado, en oposición a la mayoría de gobierno formada por CC y PP. ¿Qué se sabe de ella? Que es una convencida centrista en el plano ideológico, de carácter afable, disciplinada, actualmente asistente en el Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, candidata al Senado por Tenerife en los comicios generales de noviembre pasado, con experiencia laboral en el sector privado. Estos rasgos se ven matizados por su rastro político en las redes sociales, en las que ha manifestado una visión claramente crítica con el grupo de gobierno en Santa Cruz de Tenerife, del que curiosamente podría formar parte pronto; en particular, ha sido crítica en todo lo que tenga que ver con Unidas Podemos, organización con la que Evelyn Alonso no parece estar en demasiada sintonía. Tampoco la tiene con la que será su compañera de corporación y de partido Matilde Zambudio, con la que mantiene una pésima relación. Tal es así que algunos intérpretes de la vida municipal chicharrera con sillón reservado en el salón de plenos afirman que una moción de censura sería más una operación contra la concejal Zambudio que contra la alcaldesa Hernández. No se sabe cuánto tardará Evelyn Alonso en deshojar la margarita o anunciar sus intenciones; ni siquiera si lo hará antes o después de que su partido se pronuncie sobre la continuidad del pacto, que a día de hoy nadie ha dado por roto. Lo único evidente es que su voto es decisivo y ella lo sabe perfectamente, sea para integrarse en el actual grupo de gobierno, para contribuir a la configuración de uno nuevo o para mantenerse al margen por un tiempo, que todo puede ser en tiempos tan turbulentos y difíciles como los presentes.
El calendario. Este es un asunto tasado por la ley, aunque condicionado levemente por la actual situación de confinamiento que vive el país. El próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz debe dar cuenta de la renuncia de Lazcano, de modo que en el siguiente se produciría la toma de posesión de Evelyn Alonso, recuperando el pleno el número de concejales reglamentario en función de la población de la ciudad, 27. ¿Cuándo se producirá eso? Santa Cruz de Tenerife celebra sus plenos los últimos viernes de mes, de modo que la primera fecha en el calendario es el próximo día 24, o sea, dentro de nada. Pero el estado de alarma ya provocó la suspensión del pleno de marzo, y es prerrogativa de la alcaldesa la convocatoria de la sesión. ¿Qué hará Patricia Hernández? No hay duda de que su decisión sobre el calendario de sesiones plenarias será interpretada en términos políticos, y el margen del que dispone es en realidad muy reducido, porque el estado de alarma no ha suspendido la vida política de los ayuntamientos españoles. De hecho son varios los consistorios canarios que han celebrado plenos telemáticos con total normalidad durante las últimas semanas, como por ejemplo el de La Laguna el pasado día 8. La oposición interpretará cualquier demora como un ejercicio de obstruccionismo, si bien este asunto tampoco tiene más recorrido político (ni jurídico), porque el estado de alarma no va a durar eternamente. Lo que ocurra a partir de entonces depende de la resolución de los interrogantes citados y los movimientos que se produzcan a partir de ahora. Como siempre en política.
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